El aumento de la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros ha pasado a ocupar el centro de la escena, debido al rechazo masivo, extendido y multitudinario que generó, casi espontáneamente, en diversos sectores de la población posadeña. La amplitud de la protesta, que creció rápidamente y en forma auto-convocada, contrasta tal vez con cierta limitación, reduccionismo o sencillez de la consigna reivindicativa, que se resume en la frase “No al boletazo”.
Por detrás de eso tan puntual, tan llano y tan evidente, sin embargo, tratan de abrirse paso otras cuestiones más profundas y de fondo sobre las que es preciso debatir:
-En primer lugar, la cuestión de quién toma las decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía y en especial a los trabajadores y sectores menos favorecidos, que no cuentan con otro medio de transporte más que este “servicio público”. Una junta de “notables”, que reúne a los intendentes de las localidades vecinas del Departamento Capital, reemplaza al Consejo Deliberante en esta atribución, debido a la ordenanza 1600; pero anteriormente el propio Consejo Deliberante tomaba resoluciones similares sin consultar a los involucrados, es decir, a los pasajeros, ya que se trata, como sabemos, de una institución que, tomada en su conjunto, no representa a la ciudadanía a quien dice representar, sino a las empresas con las que mantiene muchos vínculos, incluso económicos. Intendentes o Consejo Deliberante, en ningún caso una decisión sobre el boleto podrá representar la “voluntad popular”, tal como están dadas las actuales condiciones.
-En segundo lugar, la existencia de una concesión del servicio poco transparente, que muchos acusan de monopólica o cuasi monopólica, ya que una sola empresa, “Don Casimiro”, tiene un dominio casi absoluto de las líneas y los recorridos, y los plazos de semejante “cesión” llegan hasta los 30 años. Más que concesionar, prácticamente se trata de “privatizar”, en condiciones tremendamente ventajosas para los concesionarios. Lo que se llama “la patria contratista”.
-En tercer lugar, la misma concesión a manos privadas del servicio público implica una contradicción en tanto y en cuanto el propio Estado sigue sosteniendo económicamente la prestación. Sólo en agosto del 2010 Nación y Provincia “compensaron” a las empresas de transporte de Posadas con 3.225.000 pesos, y la Municipalidad con 400.000 pesos, sin contar que las contratistas compraron el gasoil subsidiado a sólo 50 centavos el litro. Es decir, al parecer (y remarcamos “al parecer”, porque no podremos saberlo hasta que estén accesibles “a todo público” los libros contables de las empresas, y la verdad es que tenemos serias dudas al respecto) la gestión privada es deficitaria, pero el que paga el déficit es el propio usuario: cuando no lo paga con el boleto, lo paga a través de los subsidios millonarios que las empresas reciben del Estado.
-En cuarto lugar, está el tema, hasta ahora poco entrevisto, de los trabajadores de las empresas transportistas; un gremio que suele hacer “lobby” con el propio patrón cuando es momento de aumentar la presión para la suba tarifaria, no puede darnos la pauta de las condiciones laborales en que se desempeñan sus afiliados, quienes deben enfrentarse a la exigencia del cumplimiento de los horarios a riesgo de chocar una y otra vez con la exigencia de respeto a las normas de tránsito, por decir una sola de tales condiciones. Después de un día de trabajo, ¿cuántos boletos quedarían aún en la recaudación del día si un chofer tuviera que pagarse el salario mensual? Sin contar que con sus impuestos también está ayudando a subsidiar a aquellos mismos que se apropian de una parte del producto de su trabajo.
-Y por último, y no menos importante, está el tema del nivel salarial de la masa trabajadora en su conjunto. No sólo sube el boleto, sino también el resto de las tarifas y el costo de vida. Un salario mínimo que cubra la canasta familiar (y en ella debería incluirse el boleto de transporte urbano e interurbano) es la reivindicación insoslayable que debería acompañar el pedido legítimo pero insuficiente de “No al boletazo”.
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